Mientras el Congreso de Estados Unidos debate la Ley Clarity entre exigencias de mayor ética pública, la Ley Genius aprobada en julio de 2025 dejó en evidencia una relación simbiótica entre el poder regulador y el emisor de la mayor stablecoin del mercado.
Cuando las reglas del juego parecen redactadas a la medida de un gigante corporativo y sus negociadores terminan incorporándose a la nómina de una empresa del sector, surge una pregunta inevitable: ¿quién fiscaliza realmente al Estado?
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